El certificado de eficiencia energética de los edificios en España está a punto de dejar de ser un mero trámite para convertirse en una herramienta clave de descarbonización.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado una consulta pública que plantea modificar el norma que regula el procedimiento de certificación energética de los edificios (Real Decreto 390/2021, de 2 de junio).
Esta norma regula cómo se calcula y emite el certificado de eficiencia energética. La actualización busca alinear el sistema nacional con la Directiva (UE) 2024/1275, adaptando la certificación energética a objetivos más ambiciosos del Pacto Verde Europeo y del paquete “Objetivo 55”.
Este cambio afecta tanto a certificadores energéticos, que verán cambiados algunos aspectos del procedimiento de certificación energética, como a propietarios de viviendas ya que la calificación energética influye en el valor de los inmuebles (a más consumo energético del inmueble, más costes de mantenimiento), entre otros aspectos.
A continuación desgranamos el contexto, los motivos y los cambios propuestos, así como su impacto para ti como propietario o profesional.
Resumen de puntos clave de la consulta pública
- El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado una consulta pública para modificar el Real Decreto 390/2021 y adaptar el certificado energético a la Directiva (UE) 2024/1275.
- La reforma pretende que el certificado energético deje de ser un trámite y se convierta en una herramienta estratégica que oriente inversiones y planes de rehabilitación.
- Se introducen nuevos indicadores: Potencial de Calentamiento Global (PCG) y Indicador de Preparación para Aplicaciones Inteligentes (SRI).
- Se vinculará el certificado energético con un pasaporte de renovación energética que planifica las mejoras por etapas.
- Se estudia incorporar la letra A+ a la escala de calificación y revisar la vigencia, exposición y requisitos del certificado.
- Habrá más control e inspección, se revisará el sistema de expertos independientes y se impulsará la digitalización y creación de bases de datos públicas.
- El plazo para presentar alegaciones termina el 6 de febrero de 2026; la norma debe estar lista antes de mayo de 2026.
Antecedentes de la normativa y contexto europeo
Trayectoria normativa: Directivas de 2002, 2010 y 2018
La certificación energética de edificios en Europa no es nueva.
La Directiva 2002/91/CE inauguró un marco común para evaluar la eficiencia energética de las edificaciones. Posteriormente, la Directiva 2010/31/UE consolidó ese marco, sentando las bases de los certificados de eficiencia energética que hoy conocemos, y posteriormente fue modificada, en 2018, por la Directiva 2018/844 para impulsar la rehabilitación y la renovación.
En España, el Real Decreto 235/2013, derogado por el vigente Real Decreto 390/2021 transpuso esta normativa, estableciendo el procedimiento básico, las condiciones técnicas y la metodología de cálculo de la calificación energética. Dicho Real Decreto fijó una escala de letras de la A (más eficiente) a la G (menos eficiente) y definió quién puede emitir los certificados energéticos.
Estas directivas y reales decretos han sido la base durante más de dos décadas, pero han quedado desfasadas frente a los nuevos objetivos climáticos.
La reciente Directiva (UE) 2024/1275 obliga a endurecer los criterios de eficiencia, incorporar nuevos indicadores y vincular la certificación a planes de renovación energética. Además, el paquete legislativo europeo “Objetivo 55” exige reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55 % en 2030 respecto a 1990, lo que hace evidente la necesidad de un nuevo marco que sitúe la certificación en el centro de la estrategia climática.
Pacto Verde, paquete “Objetivo 55” y Directiva 2024/1275
El Pacto Verde Europeo establece la neutralidad climática para 2050 y reconoce que los edificios consumen alrededor del 40 % de la energía y generan cerca del 30 % de las emisiones.
Para alcanzar esos objetivos, la Unión Europea aprobó el paquete legislativo “Objetivo 55”, que actualiza la normativa en sectores como energía, transporte y edificación. En este contexto surge la Directiva (UE) 2024/1275, publicada en mayo de 2024, que actualiza las obligaciones de eficiencia energética, impone una nueva escala A+ para edificios que superan el estándar de cero emisiones y exige incorporar dos nuevos indicadores: el Potencial de Calentamiento Global (PCG) y el Indicador de Preparación para Aplicaciones Inteligentes (SRI). España debe transponer esta directiva antes del 29 de mayo de 2026, lo que explica la urgencia de la reforma.
¿Por qué se reforma el certificado energético?
Razones climáticas y económicas
La reforma no responde solo a una obligación legal, sino a la evidencia científica y económica. Los edificios representan un tercio de las emisiones totales y su mejora es fundamental para cumplir los objetivos climáticos de 2030 y 2050.
Además, la eficiencia energética se ha convertido en un factor que influye en el valor de mercado de una vivienda y en el acceso a subvenciones, ayudas públicas o hipotecas verdes.
El Gobierno reconoce que la certificación energética actual es “de trámite” y apenas motiva mejoras; por eso se plantea convertirla en una herramienta estratégica que oriente inversiones y priorice actuaciones.
Para los propietarios de viviendas, un certificado energético con mejor calificación energética puede traducirse en menor consumo energético y en una mayor rentabilidad (el inmueble tendrá una ventaja competitiva respecto a otros que necesitan consumir más energía en condiciones normales de funcionamiento).
Para el sector de la certificación energética y la rehabilitación, la reforma abre una oportunidad de negocio en auditorías avanzadas, soluciones tecnológicas y consultoría para lograr mejores letras.
Obligaciones europeas y plazos
Uno de los motores de la reforma es la obligación de transponer la Directiva (UE) 2024/1275 antes del 29 de mayo de 2026.
Esta directiva no se limita a requisitos técnicos, sino que introduce cambios profundos:
- Exige incorporar el PCG y el SRI en el certificado.
- Permite añadir una nueva letra A+ para edificios que superen el estándar de cero emisiones
- Vincula el certificado energético con un pasaporte de renovación energética
- Plantea ampliar el ámbito de aplicación a un mayor número de edificios.
El plazo para remitir alegaciones a la consulta se extiende hasta el 6 de febrero de 2026, lo que deja margen para que propietarios, profesionales y asociaciones participen.
Situación del parque edificatorio en España
España cuenta con nueve millones de edificios residenciales, que suman 26 millones de viviendas y 370.000 edificios terciarios. Más de la mitad de los inmuebles fueron construidos antes de 1980, cuando no existían exigencias de eficiencia energética.
Según datos del Ministerio de Vivienda, en 2023 se logró una reducción del 10 % del consumo energético residencial y se espera alcanzar el 18 % al final de este ejercicio. Estas cifras evidencian un progreso, pero también la magnitud del reto: para cumplir los objetivos europeos será necesario invertir 39.350 millones de euros adicionales en la renovación del parque residencial y terciario.
Además, la certificación energética influye en la posibilidad de alquilar o vender un inmueble; las directrices comunitarias permiten exigir una calificación mínima E para 2030 y D para 2033. España, sin embargo, de momento, ha decidido no imponer estas obligaciones de manera estricta para no penalizar a un parque inmobiliario envejecido, pero sí fomentar la mejora progresiva mediante incentivos.
Cambios clave en el procedimiento de certificación energética
De trámite a herramienta estratégica
El principal cambio es que el certificado de eficiencia energética dejará de ser un papel informativo para convertirse en una herramienta estratégica. El proyecto de norma propone reforzar el valor del certificado de eficiencia energética como instrumento que impulse la mejora energética del parque edificatorio, así como las inversiones necesarias. Esto significa que el documento tendrá un papel activo en la toma de decisiones: orientará a los propietarios sobre qué reformas realizar y en qué orden, priorizando las actuaciones con mayor impacto.
Esta transformación también implica actualizar la escala de calificación. Actualmente, la escala va de A a G; la reforma estudiará la incorporación de la A+ para reconocer edificios que no solo sean de cero emisiones, sino que generen más energía de la que consumen. Por primera vez, el certificado energético contendrá recomendaciones específicas basadas en el potencial de mejora de cada edificio, convirtiéndose en un pasaporte hacia la descarbonización.
Indicadores adicionales: PCG y SRI
Uno de los elementos más novedosos es la obligación de incorporar dos nuevos indicadores:
- Potencial de Calentamiento Global (PCG): evaluará las emisiones de CO₂ del edificio a lo largo de todo su ciclo de vida (materiales, construcción, uso y demolición). Este indicador permitirá comparar edificios no sólo por su consumo energético, sino también por su huella de carbono.
- Indicador de Preparación para Aplicaciones Inteligentes (SRI): medirá la capacidad del edificio para integrar soluciones inteligentes como domótica, gestión energética avanzada, autoconsumo y movilidad eléctrica. Un SRI alto informará de que el inmueble está preparado para tecnologías conectadas, lo cual influye cada vez más en el valor de mercado.
La incorporación de estos indicadores exigirá a los certificadores energéticos nuevas competencias: tendrán que analizar la huella de carbono y la digitalización de los edificios, así como actualizar sus herramientas de cálculo. Al mismo tiempo, ofrecerá a propietarios y promotores información más completa para planificar inversiones: por ejemplo, conocer el PCG puede incentivar el uso de materiales de baja huella de carbono o impulsar soluciones de autoconsumo para reducir emisiones.
Pasaporte de renovación y escala A+
La propuesta vincula la certificación con el pasaporte de renovación energética: un documento que definirá una hoja de ruta por etapas para rehabilitar un edificio. Este pasaporte planificará las mejoras en orden lógico y progresivo, identificando cuáles tienen mayor impacto y cuándo realizarlas. Por ejemplo, puede recomendar empezar por aislar la envolvente, continuar con la instalación de paneles solares y terminar con un sistema de control inteligente. La idea es evitar reformas fragmentarias que encarecen el proceso y pierden eficiencia.
El pasaporte se coordinará con la escala A+. Esta nueva letra se reserva a inmuebles que superen el estándar de cero emisiones y se conviertan en edificios de energía positiva. Conseguir una A+ requerirá combinar medidas de eficiencia, autoconsumo y posiblemente almacenamiento. Para muchos propietarios será un reto, pero también una oportunidad de revalorizar su vivienda y acceder a ayudas europeas y nacionales.
La reforma también revisará los requisitos de expedición, vigencia y exposición de los certificados. Se prevé actualizar la duración del certificado (actualmente 10 años) y obligar a que se muestre de manera accesible en portales inmobiliarios y anuncios de venta o alquiler, reduciendo el “greenwashing” y aumentando la transparencia.
Más control, digitalización y ampliación del ámbito
Otro aspecto esencial es el refuerzo de los mecanismos de control e inspección. El proyecto de Real Decreto plantea revisar el sistema de expertos y el control independientes. Esto podría traducirse en auditorías más rigurosas, formación continua y sanciones para quienes emitan certificados energéticos inexactos. Además, se revisará el sistema de inspección y control para garantizar que las mejoras recomendadas se ejecuten y que los certificados energéticos reflejen la situación real.
La reforma también impulsa la digitalización y accesibilidad: se crearán bases de datos de acceso público con los certificados de eficiencia energética y se fomentará que las plataformas online integren la información energética de forma estándar. Estas medidas facilitan el trabajo de los certificadores energéticos y ofrecen a compradores y arrendatarios datos fiables para comparar edificios.
Por último, el proyecto estudia ampliar el ámbito de aplicación del procedimiento de certificación energética a más tipologías de edificios. Hoy están obligados los inmuebles que se venden o alquilan, los de nueva construcción y los que requieren reformas significativas. La nueva norma podría incluir edificios públicos de uso asistencial, infraestructuras deportivas o incluso viviendas unifamiliares en determinadas circunstancias. Esto aumentará el mercado potencial para certificadores energéticos y fomentará la mejora energética en segmentos que hoy no están cubiertos.
Impacto en propietarios y certificadores energéticos
Consecuencias para propietarios de viviendas
Para los propietarios, la reforma transformará el certificado energético en una guía de inversión. Un edificio con una calificación alta no sólo consumirá menos energía, sino que podrá acceder a subvenciones, reducciones fiscales y hipotecas verdes, mientras que uno con calificación baja podría depreciarse o tener más dificultades para alquilar o vender. La introducción del pasaporte de renovación energética permitirá planificar mejoras escalonadas y aprovechar incentivos en cada etapa.
Asimismo, los propietarios deberán familiarizarse con los nuevos indicadores PCG y SRI, que podrían revelar impactos no evidentes: por ejemplo, un edificio con buen consumo energético pero materiales altamente emisores podrían tener un PCG elevado. Esta información ayudará a elegir entre aislamientos tradicionales o soluciones basadas en materiales reciclados. En cuanto al SRI, saber que un inmueble está preparado para domótica y autoconsumo lo hará más atractivo para compradores jóvenes y techies, aquellos adoran la tecnología.
Por último, la nueva escala A+ incentivará a los propietarios más avanzados a transformar sus viviendas en edificios de energía positiva.
¡No solo consumo, también genero energía, y me sobra!
Instalar paneles solares, bombas de calor, cargadores de vehículos eléctricos y sistemas de gestión energética podrá llevar a obtener la máxima calificación y mejorar el valor de la vivienda. Sin embargo, se requerirá inversión inicial y es importante analizar los retornos a largo plazo.
Retos y oportunidades para certificadores energéticos
Para los certificadores energéticos, la reforma representa un cambio profundo en su actividad. Deberán formarse en análisis del ciclo de vida y digitalización para medir el PCG y el SRI con precisión.
También tendrán que adaptarse a nuevas metodologías de cálculo y herramientas de simulación. Este esfuerzo se compensa con la apertura de un mercado más amplio: la obligatoriedad de certificar más edificios y la ampliación de los indicadores multiplicará la demanda de servicios.
La reforma introduce, además, nuevas obligaciones de control que implican un mayor rigor. Se revisará el esquema de expertos independientes y se incorporarán nuevas obligaciones asociadas para mejorar su funcionamiento. Los certificadores energéticos tendrán que cumplir códigos deontológicos y someterse a auditorías. Aunque esto aumenta la carga administrativa, también mejora la reputación de la profesión y elimina competidores que expedían certificados de forma superficial, de oído o sin visita.
Desde una perspectiva de negocio, la digitalización y la creación de bases de datos ofrecen oportunidades para plataformas tecnológicas que automaticen partes del proceso, generen informes comparativos y ofrezcan servicios complementarios (por ejemplo, conexión con empresas de rehabilitación o financiación). Un certificador energético que adopte estas herramientas podrá escalar su actividad y ofrecer más valor añadido.
Herramientas digitales, ayudas y financiación
La reforma está estrechamente ligada a programas de ayudas públicas como el Plan de Recuperación, los fondos Next Generation y las ayudas del IDAE. Estos programas ya exigen mejoras de eficiencia energética para conceder financiación.
Integrar la certificación energética con el pasaporte facilitará el acceso a subvenciones, porque servirá como prueba de que las reformas siguen una hoja de ruta coherente. Para los propietarios, esto significa que podrán solicitar ayudas en cada etapa y justificar el impacto mediante el nuevo certificado energético.
En el ámbito digital, proliferan plataformas y aplicaciones para autodiagnóstico que permiten a los propietarios estimar su calificación energética y planificar mejoras antes de contratar a un certificador energético. Estas herramientas también son útiles para los profesionales, pues les facilitan datos preliminares y agilizan la elaboración del informe definitivo.
Por otra parte, el sector financiero empieza a ofrecer préstamos verdes con mejores condiciones para viviendas con alta calificación energética. Con la reforma, es probable que estas hipotecas exijan un certificado actualizado que incluya PCG y SRI. Esto premiará a quienes inviertan en eficiencia y castigará a quienes no actúen. Además, las compañías de seguros podrán usar el certificado para ajustar primas, incentivando comportamientos sostenibles.
Participación pública y proceso de consulta
Cómo participar y plazos
La participación pública es un pilar de la reforma. Según el MITECO, cualquier ciudadano u organización puede enviar observaciones sobre la iniciativa hasta el 6 de febrero de 2026. Las alegaciones se presentan exclusivamente a través de un formulario web habilitado por la Administración. Es necesario identificarse con nombre y DNI o CIF y se recomienda guardar el PDF de participación como justificante.
El proceso de consulta previa, regulado por el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, tiene como objetivo recabar la opinión de las personas y entidades afectadas antes de redactar el Real Decreto definitivo. A continuación, el Ministerio analizará las aportaciones y elaborará un proyecto de norma que se someterá a trámite de audiencia e información pública. La reforma debe estar aprobada antes de mayo de 2026 para cumplir el plazo europeo.
Preguntas clave de la consulta
La consulta propone una serie de preguntas para orientar las aportaciones de los ciudadanos y profesionales. Algunas de las más relevantes son:
- ¿Cómo debería evolucionar el procedimiento de certificación para potenciar el valor del certificado como instrumento clave?
- ¿Cómo incorporar los nuevos indicadores PCG y SRI en el procedimiento de certificación?
- ¿Cómo vincular el pasaporte de renovación energética con el certificado energético?
- ¿Se debe incorporar la letra A+ en la escala actual?
- ¿Qué modificaciones son necesarias para mejorar la información disponible sobre la eficiencia energética de los edificios?
- ¿Cómo debería modificarse el sistema de inspección y control?
- ¿Es adecuado ampliar el ámbito de aplicación a otros edificios? Si es así, ¿qué edificios deberían incluirse?
Responder a estas preguntas permitirá que la norma final sea más equilibrada y atienda las necesidades de propietarios, certificadores energéticos y usuarios.
Conclusión
La reforma del certificado energético es una apuesta decidida por la descarbonización del parque edificatorio y la transparencia informativa. El texto propuesto actualiza una normativa que se ha quedado obsoleta, integrando el Pacto Verde Europeo y el paquete “Objetivo 55” en la realidad española.
Para los propietarios de viviendas, ofrece una guía clara para planificar mejoras y acceder a ayudas públicas. Para los certificadores energéticos, abre un mercado con nuevas exigencias técnicas, pero también con oportunidades de innovación y crecimiento.
Conviene aprovechar este periodo de consulta pública para proponer mejoras y asegurar que la norma final sea equilibrada y eficaz. La introducción de indicadores como el PCG y el SRI, la vinculación con el pasaporte de renovación energética y la posible incorporación de la letra A+ representan un salto de calidad en la evaluación de edificios. Estos cambios situarán a España en línea con las mejores prácticas europeas y contribuirán a reducir emisiones, ahorrar energía y aumentar el confort de los hogares.
En resumen, el certificado energético cambia porque el contexto lo exige: necesitamos edificios más eficientes, datos más transparentes y herramientas que transformen la información en acción.
Si eres propietario o certificador, este es el momento de formarte, participar y anticiparte a una reforma que marcará el futuro de la vivienda y la construcción en nuestro país.
Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Cuándo entrará en vigor la reforma del certificado energético?
La reforma está en fase de consulta pública; el proyecto de Real Decreto debe aprobarse antes de mayo de 2026 para transponer la Directiva 2024/1275. Se espera que los cambios empiecen a aplicarse a partir de esa fecha.
¿Qué es el pasaporte de renovación energética y cómo me afecta?
Es un documento que planifica las mejoras de eficiencia energética en etapas, vinculado al certificado energético. Indica qué reformas realizar, en qué orden y su impacto, facilitando el acceso a ayudas y mejorando el valor del inmueble.
¿Qué significa el indicador de preparación para aplicaciones inteligentes (SRI)?
El SRI mide la capacidad del edificio para integrar tecnologías inteligentes: domótica, gestión energética avanzada, autoconsumo y movilidad eléctrica. Un SRI alto indica que el inmueble está preparado para soluciones conectadas, lo que puede aumentar su valor y confort.
¿Será obligatorio alcanzar la calificación A o A+ para vender o alquilar?
La Directiva europea permite exigir un mínimo de E para 2030 y D para 2033, pero España ha optado, de momento, por no imponer obligaciones tan estrictas. Sin embargo, una mejor calificación energética facilitará la venta o alquiler y el acceso a ayudas.
¿Cómo puedo participar en la consulta pública?
Puedes enviar tus alegaciones hasta el 6 de febrero de 2026 mediante el formulario web oficial. Es importante identificarse correctamente y guardar el PDF que genera el sistema como justificante.
Queremos saber tu opinión sobre esta reforma del certificado energético. ¿Crees que la incorporación de la escala A+ y los nuevos indicadores PCG y SRI será positiva para la descarbonización? ¿Cómo te afectará el pasaporte de renovación energética en la planificación de reformas de tu vivienda o en tu trabajo como certificador?
Comparte tus ideas y experiencias en nuestras redes sociales y participa en la consulta pública antes del 6 de febrero. Tu voz puede marcar la diferencia y ayudar a que la normativa refleje las necesidades reales de propietarios y profesionales.
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