Para entender adecuadamente la importancia de la concertación social y de la gestión gubernamental y administrativa en la reversión del daño que nuestra forma de vida contemporánea ha infringido al medio ambiente, es interesante analizar los distintos niveles de propuestas existentes en torno a la relación entre el hombre y el medio ambiente.

Por un lado, comprender las propuestas que aporta el gobierno en sus diferentes instancias (desde las más locales hasta la escala global europea), como por ejemplo la que atañe a la certificación energética obligatoria, nos otorga la oportunidad de ver qué hace falta y cómo estas iniciativas deben completarse y complementarse.

Es ahí donde descubrimos el complemento de estas propuestas implementadas con un carácter oficial y legal: todas aquellas ideas y proposiciones realizadas desde la sociedad civil.

No nos compete a nosotros, en tanto que especialistas en el certificado de eficiencia energética, el decir de qué lado de la balanza se encuentran las ideas más prácticas, interesantes o eficaces, pero sí que podemos poner algunas de las más destacadas bajo la lupa para poder discernir su utilidad a corto y largo plazo. En el sector de la certificación energética, el análisis

El costado institucional: el rol de la Unión Europea en la protección del planeta

Los Estados nacionales que pertenecen a la Unión Europea tienen una forma de actuar a escala institucional y gubernamental que les otorga un marco compartido de legislación e implementación de medidas prácticas, así como de financiamiento y gestión de recursos. Es por ello que, si hablamos de iniciativas medioambientales y de eficiencia energética en España, tenemos que pasar por una revisión general de lo que la Unión Europea propone, planea y exige en este sentido.

Evidentemente, la gran parte de las iniciativas europeas medioambientales, giran alrededor del Acuerdo de París. Este acuerdo se constituye en una señal clara para todo tipo de actores sociales, entre los que se cuentan por supuesto los mercados financieros, inversores públicos y privados y otros gestores de recursos económicos. La Comisión Europea prevé, en el caso del sector financiero, realizar reformas que lo motiven a contribuir a una “transición verde”. Este tipo de cambio no se puede realizar sin el sostén de los actores económicos. Por ello, resulta esencial reorientar e incrementar las inversiones actuales y futuras vinculadas al uso de combustibles fósiles.

En la actualidad, desafortunadamente, existe aún un déficit de inversión enorme, demasiado elevado para que sea subsanado únicamente por el sector público, de ahí la importancia de la participación de los inversores privados.

Estas inversiones, sin embargo, no van a “caer solas”. La Unión Europea recomienda entonces, e intenta poner en práctica vía modificaciones impositivas, acciones innovadoras para que los actores financieros se involucren cada vez más en el abandono de las energías fósiles y en la adopción de las energías limpias.

En concreto, las propuestas de la UE en cuanto a la integración del sistema financiero de cara a la eficiencia y renovación energética son:

  1. La integración de las consideraciones vinculadas al desarrollo sustentable en las obligaciones de los gestores de activos y los inversores institucionales.
  2. La exploración de las modalidades de inclusión del factor ambiental en las reglas de funcionamiento del sector. Exigencias reducidas ante los fondos “limpios” que inciten a los inversores a seleccionar cada vez más inversiones con una débil intensidad de carbono.
  3. La integración de los criterios ASG (ambiental-social-gubernamental) en las autoridades que auditan el sector.

Otra recomendación interesante puede ser la elaboración de un sistema de clasificación para las finanzas durables, y para ello, hará falta definir de forma común y consensuada lo que se entiende por “inversión durable”, para permitir la concepción de productos financieros respetuosos del clima y el ambiente, tanto en su planeación como en su realización.

La Unión Europea también sostiene de diversas formas la transformación y modernización de las ciudades europeas. La transición hacia una economía que haya reducido de forma significativa sus emisiones carbónicas tiene que llevarse a cabo en cada comunidad urbana de la UE (debido a que es en este tipo de urbanizaciones que residen el 70% de la UE). Las pequeñas ciudades constituyen el motor de la modernización ecológica de nuestra economía. Para motivar esta transformación, existen programas urbanos integrados que ofrecen la posibilidad de acceder a inversores públicos y privados.

Cada vez más la UE intensifica su acción en las ciudades, ayudándolas a priorizar medidas que generalicen las energías limpias y fomenten la eficiencia energética.

La UE ha lanzado la iniciativa URBIS (Urban Investment Support –  Apoyo a la Inversión Urbana Sustentable) para ayudar a las ciudades a planificar estrategias de inversión para mejorar la calidad y viabilidad financiera de los proyectos ecológicos limpios. También permitirá difundir información sobre formas innovadoras de financiamiento y a orientar a las ciudades para que accedan a programas que les permitan tener cada vez un consumo energético menor y de fuentes renovables.

Otras medidas interesantes que emprende la UE y que inciden directamente en la eficiencia energética y sustentabilidad a futuro, son:

  • Reactivación y transición de las regiones mineras e industriales con elevado impacto carbónico.
  • Involucrar a los jóvenes en la transición ecológica.
  • Facilitar el financiamiento para la construcción de edificios energéticamente eficientes.
  • La inversión en energías industriales limpias.
  • La renovación de las vías de transporte: movilidad limpia, conectada y competitiva.
  • Resiliencia y adaptabilidad legal, financiera y en las acciones.

Otra parte importante de la acción de la UE es como árbitro y supervisor de las iniciativas locales. En este caso, los españoles estamos particularmente interesados en seguir el cómo la UE autoriza, sostiene o frena algunas medidas legislativas implementadas al interior de nuestro país.

Un caso que ha generado reacciones muy diferentes en diversos ámbitos y sobre todo en los sectores de la construcción, inmobiliario y de la eficiencia energética, es la prohibición al denominado popularmente “impuesto al sol”.

instalacion placas solares

Este impuesto, aprobado en el año 2015 a escala nacional en España, se trataba de un pago a realizar de parte de los consumidores-productores de energía, simplemente por seguir conectados a la red eléctrica.

En su momento, fue un impuesto muy discutido, pues parecía penalizar a particulares y comunidades que hubiesen invertido seriamente en una producción autóctona de energía.

En junio del 2018, este impuesto fue prohibido hasta el año 2026, con el objetivo de fomentar el autoconsumo energético.

La medida se tomó en la sesión en que también se fijó en 32% la tasa mínima de energía renovable para el año 2030. La sesión fue tensa puesto que los gobiernos locales, juzgando compleja la llegada a este nivel de renovables, pujaban por un más discreto 27%, en tanto que la comisión europea solicitaba un 35%. De cualquier forma, este objetivo fijado al año 2030, puede reevaluarse al alza en el año 2023, si los avances tecnológicos locales son suficientes para tal fin.

Como podemos ver, el papel de la UE puede ir de la recomendación de medidas, al aporte de recursos, a la concertación de medidas legales (como puede ser el caso de la obligatoriedad del certificado de eficiencia energética) a la intervención oportuna ante el bloqueo regional o local de ciertos avances interesantes en cuanto a la disminución de la huella carbónica de nuestra sociedad. La mediáticamente denominada “muerte del impuesto al sol” es una muestra más de la multifacética actuación de las instancias europeas en lo que atañe a la ecología y la energía.

Más allá de instituciones y gobiernos: acciones ciudadanas

En la actualidad, más allá del Acuerdo de París sobre el clima y de que la sociedad civil se involucra cada vez más, la apuesta más importante a escala mundial es actuar suficientemente rápido.

A este respecto, más allá de los compromisos ya consensuados y de los primeros resultados obtenidos, sobre todo en materia de reducción de emisiones de gases de invernadero, los ciudadanos europeos mantienen una actitud crítica ante las acciones ya tomadas y en marcha. De hecho, los medios de la comunicación, la comunidad científica y diversas ONG juzgan que la acción colectiva de la UE y de los Estados miembros no es suficientemente intensa y que se ha debilitado con el tiempo.

Las preocupaciones de la sociedad civil son diversas, y entre ellas podemos destacar la calidad del aire, la presencia de perturbadores endócrinos, el uso de sustancias pesticidas, entre otras. Evidentemente, la dependencia del carbón y otros combustibles fósiles y las apuestas energéticas también se encuentran continuamente en discusión entre organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general.

La respuesta puede construirse en torno a la idea de la Transición Energética, que consiste evidentemente en pasar de un modelo energético como el actual, dependiente de los hidrocarburos y otros combustibles fósiles, a un nuevo modelo apoyado en dos pilares fundamentales: una reducción drástica de energía nacida de la sobriedad energética: ahorro y eficiencia energética implementados con rigurosa eficacia y el nacimiento de una mezcla energética a utilizar de forma cotidiana basada en recursos renovables y durables.

molino viento ecologico

Esta transición es una transformación a gran escala de la sociedad que implica un cambio de paradigma: hacer de la energía un bien común y no sólo una mercancía. Un bien que sea plenamente accesible y del que las fuentes sean un patrimonio común, cuyo control no corresponda sólo al gobierno y las empresas proveedoras, sino también al conjunto de la sociedad civil.

Es por ello que la participación de la ciudadanía en general adquiere una proporción tan importante. Todo lo que está en juego (el planeta mismo y a largo plazo la supervivencia de nuestra especie, ni más ni menos) no permiten que la sociedad deje en manos de los actores de siempre el futuro.

Los proyectos ciudadanos relativos a la energía tienen unos criterios y características muy particulares, diferentes a los grandes proyectos gubernamentales o corporativos y que asignan responsabilidad y trabajo en cada una de las personas que participan:

  • La finalidad es el interés general, y no la especulación.
  • La participación significativa de los ciudadanos en el capital y en la gobernanza del proyecto.
  • Una gobernanza democrática.
  • Un fuerte vínculo local y territorial.

Es por ello que son las colectividades locales las que desarrollan iniciativas de estas características. Los ejemplos, afortunadamente empiezan a multiplicarse. Algunos destacados que podemos mencionar y que pueden inspirar la acción de otros tantos, son:

  1. Middelgrunden, en Dinamarca: 10 mil ciudadanos que invierten en un parque de producción de energía eólica. Este colectivo, pionero en la transición energética, es en la actualidad productor del 3% de la energía consumida en la ciudad de Copenhague.
  2. Parque de producción de Energía Eólica en el “País de la Vilaine”, en el oeste de Francia. Se trata de otro parque eólico cooperativo, nacido en el año 2003. Este parque eólico funciona como una cooperativa y es detentado en un 90% por ciudadanos agrupados en pequeñas empresas sociales o colectivos regionales.
  3. Otro programa francés: el SLIME (Servicio local de intervención para el control de la energía), propuesta que integra la lucha contra la precariedad energética con el objetivo de ubicar hogares que padecen pobreza energética, acompañarlos en la reducción y paso a la eficiencia en su consumo energético y coordinar la intervención de actores locales involucrados para lograr soluciones durables tanto en términos energéticos como sociales.

Europa se puede recorrer con iniciativas semejantes (La Enercoop, la primera cooperativa a escala europea que gestiona en directo con los productores una energía de origen ni fósil ni nuclear y la hace accesible a los consumidores, por ejemplo), y ello es una fortuna. Más allá de la eficacia que las iniciativas gubernamentales y empresariales puedan tener, el compromiso con la ecología y el uso eficiente de la energía es de la sociedad en su conjunto. Así que la información y la toma de conciencia, seguidas de la acción colectiva, son las mejores armas para cambiar positivamente el futuro.