Impuesto energía solar. Respaldo y contradicciones administrativas respecto a la eficiencia energética

La eficiencia energética es una aspiración social no sólo en España o Europa, sino en el mundo entero. Por supuesto que esta problemática toma una seriedad mucho más dramática en los países industrializados en qué el consumo energético es significativamente mayor del que se vive en los países con un nivel de desarrollo industrial o económico menos avanzado. De ahí que en la Unión Europea se emprendan iniciativas como la de la certificación energética que buscan involucrar a toda la población en el uso racional de los recursos energéticos.

Sin embargo, hay ocasiones en que los intereses económicos, institucionales y sociales chocan y es en ese caso que encontramos contradicciones administrativas que parecen ir contra el flujo de las acciones gubernamentales o empresariales en la búsqueda de un uso más racional, limpio y eficaz de las energías, desconcertando a la población en general.

Éste es el caso del denominado de forma popular “impuesto al sol”, que parece ser una contradicción administrativa clara ante las iniciativas por fomentar cada vez más una calificación energética mejor en todos los inmuebles de uso habitacional y comercial.

A continuación te ofreceremos un panorama respecto a esta propuesta de impuesto y sus implicaciones claras, para que estés bien informado en todo lo que respecta al certificado de eficiencia energética.

¿A qué se denomina mediática y popularmente “impuesto al sol”?

Aquí en el blog de certificadodeeficienciaenergetica.com ya hemos abordado el tema de la importancia que se otorga, al menos en el momento de hacer el certificado energético, a contar con al menos con una fuente de energía limpia y renovable en un inmueble que piensa venderse o alquilarse. De hecho, la legislación es clara en su intención de restringir el consumo de energía sucia, por así decirlo, es decir, sobre todo aquella proveniente de la combustión de hidrocarburos. Ello debido a qué hay un compromiso con la legislación general europea, y existe la «presión» de cumplir con los compromisos de consumo energético limpio para el 20-20-20. Esta presión exige que se reduzcan significativamente las emisiones de dióxido de carbono y expone las que se limitan al uso de hidrocarburos como fuente fundamental de energía.

Ahora bien, existe desde el año 2013 un borrador legislativo en España que parece ir contra todo lo anterior, puesto que introduce el denominado «peaje de respaldo» (impuesto al sol, como lo llaman los medios de comunicación y muchos ciudadanos), un impuesto que tasaría el autoconsumo inmediato de energía solar. Además, el importe de la tasa es tan alto, ya que al final, resulta más barato utilizar la energía de la red que la energía limpia proveniente del uso de una instalación fotovoltaica de autoconsumo.

El hecho es que esta potencial situación impositiva causa mucho desconcierto, pues no son pocos los ciudadanos que instalaron paneles fotovoltaicos con la esperanza de que la legislación iba a continuar con el apoyo impositivo a las energías limpias, pero para muchos usuarios que habían pensado en la energía fotovoltaica incluso para llegar a la autosuficiencia eléctrica, que habían realizado sus instalaciones con baterías solares y la pertinente para el uso instantáneo de los tejados solares (siendo España uno de los países más soleados de Europa), piensan incluso en continuar utilizando todas estas instalaciones al margen de la ley.

Si los usuarios pensaban en vender su excedente a la red (cosa que hacen muchos usuarios/productores de energía eléctrica en otros Estados europeos) para generar cierta ganancia, en su lugar, tendrán que pagar un peaje de respaldo a la producción y consumo instantáneo equivalente al que pagan las compañías eléctricas. Si se llega a vender el excedente de la producción hogareña de energía eléctrica, el precio es el mismo que se le paga al pool eléctrico.

Y no sólo eso, este peaje exigiría una serie de trámites burocráticos entre los que se incluye el darse de alta en un registro oficial, pagar un representante en el mercado eléctrico y hacer declaraciones periódicas a hacienda.

La justificación oficial ante esta novedad impositiva es que si un usuario produce su propia energía, pero a la vez está conectado a la red con una especie de circuito de respaldo por si la producción propia llegase a fallar, es preciso que contribuya a amortizar el costo de todo el sistema. El principal problema es que en los años previos, gubernamentalmente se había incentivado la producción de energía solar. Hay personas que inclusive utilizaron créditos hipotecarios para pagar la instalación de paneles solares, y con este cambio en la posición oficial, se encuentran con el problema de haber realizado una inversión que parecía segura y que ahora se ha vuelto compleja y mucho menos apetitosa.

Se dice que en términos comparativos, la energía producida con paneles fotovoltaicos es más cara que la energía en grandes cantidades por las compañías eléctricas, y las instituciones sostienen que quizá España se lanzó demasiado pronto y hubiese sido mejor hacer la transición lentamente a las energías limpias para amortizar de otra forma esta diferencia y no cargar a los usuarios, pero que tal y como están las cosas, es la única forma posible.

Además, la esperanza con que podrían contar los usuarios, es decir, la intervención de las autoridades europeas se desvanece debido a que estas instancias prefieren no interferir en la evolución económica del país, que muestra signos evidentes de recuperación después de la seria crisis que enfrentó.

Otra cosa curiosa es que este impuesto puede compararse a uno que se cobraría por encender la chimenea para mantener un hogar caliente en lugar de consumir gas, o quizá electricidad. La diferencia real entre lo que pague un consumidor normal y un auto consumidor de energía solar puede superar los doscientos euros, por lo que se considera un precio exagerado por una energía limpia auto producida, desincentiva la inversión y desmotiva el uso de las energías limpias. Además, las multas por mantenerse al margen del pago de este impuesto y de declarar en general el uso de paneles fotovoltaicos, son excesivas (figurando entre los seis y los treinta millones de euros) para quien quiera seguir produciendo de forma «pirata» su propia energía eléctrica proveniente de la irradiación solar.

Evidentemente, esta contradicción tiene orígenes institucionales y económicos más profundos y complejos de lo que podemos analizar en este blog, pero es muy interesante conocer este tipo de recovecos legales, que no por existir deben desanimar a los usuarios a buscar mejorar las condiciones energéticas de sus inmuebles, de forma que no sólo se consiga una mejor calificación energética, sino que se alcance un equilibrio ecológico más estable.

Tipos de instalaciones fotovoltaicas: ¿cuáles realmente están sometidas a este peaje?

Para comprender qué tipo de instalaciones fotovoltaicas estarían sometidas a este impuesto tan curioso y no entrar en pánico si ya poseemos algún tipo de instalación de este tipo o pensamos en invertir en algo semejante. Primero es necesario distinguir los tipos de paneles:

1. Los paneles fotovoltaicos, es decir, los que aprovechan la luz del sol para producir energía.
2. Los paneles térmicos, es decir, los que aprovechan el calor producido por el sol.

En el segundo caso, el más común, el funcionamiento del panel consiste en calentar el agua que circula por un sistema de tuberías finitas para posteriormente usarla. Esta agua caliente se usa directamente y no hay producción de electricidad.

Al no usar ni producir electricidad, este tipo de instalaciones no pagan el peaje de respaldo.

Ahora bien, los paneles que producen energía eléctrica valiéndose del uso de células solares, son más demandantes en cuanto a la cantidad de placas instaladas de forma que se pueda producir la cantidad de energía eléctrica precisa para hacer funcionar todos los dispositivos electrónicos de un piso promedio. Es en este tipo de casos que la explicación ya citada de las autoridades justificando el peaje: que son pocos los usuarios realmente aislados, y que la mayoría de los usuarios de este tipo de paneles, ya sea, no producen la suficiente o producen con un excedente, el cual venden a las compañías eléctricas. Aquí es donde está el punto álgido de la discusión: el impuesto adicional es por el uso de transformadores y por las instalaciones para regular y distribuir la electricidad producida.

Resumiendo, ¿qué tipo de instalaciones pagarían peaje? Al usuario común eso es lo que le interesa. Las instalaciones sujetas a este impuesto son las que posean un inversor con contador de producción y consumo, es decir, un contador con dos cifras visibles, y el uso de estos inversores se reflejará en el contrato realizado con la comercializadora. Las multas, esas que producen «miedo» son más bien para las personas que produzcan suficiente energía eléctrica para alimentar su hogar o negocio y además, generar un excedente. Aun así, es confuso que no haya algún tipo de condonación o incentivo para la producción de esta energía limpia y renovable.

El mismo problema en otras latitudes

Podríamos creer que esta situación contradictoria tan particular es exclusiva de nuestro país, pero no es así. Paradójicamente, otros sitios donde se presentan situaciones semejantes es en lugares igualmente soleados que nuestro país. Veamos algunos ejemplos.

En Queensland, en Australia, también ha habido una gran batalla legal entre las compañías productoras de electricidad y la producción de energía de forma fotovoltaica. Sin embargo, parece que la producción de energía solar en Australia va ganando la batalla. Ello porque los paneles ya no sólo están subsidiados para los hogares y pisos, sino que se han convertido en una alternativa práctica y tangible para las empresas que buscan reducir sus gastos e incrementar sus ganancias. Recordemos que la producción de energía eléctrica utilizando paneles fotovoltaicos es la de mayor crecimiento a escala global en lo que va de este siglo.

Ello ha llevado a que en algunos países, como Australia, el propio gobierno recorte los estímulos que se versaban a los hogares que producían un excedente de energía eléctrica, aumentando los costos a las tarifas de conexión cotidianas.

Es precisamente esta la situación atorada en el borrador de ley español que hemos discutido hasta este momento: la producción no sólo autárquica de una pequeña empresa o un hogar de energía eléctrica, sino los excedentes que compiten o buscan competir con la producción tradicional de electricidad. Recordemos que el calentamiento global, el incremento de la producción eléctrica vía paneles fotovoltaicos e incluso, la existencia en el mercado de electrodomésticos con una mayor eficiencia energética, han afectado las ganancias de las empresas de producción eléctrica en todo el mundo, y sobre todo en los países desarrollados.

Todo ello se refleja en estos intentos, amagos y creación de impuestos o recovecos burocráticos para limitar el crecimiento de este sector.

Por ejemplo, en otro soleado estado del otro lado del mundo: Arizona, en los Estados Unidos, realmente se ha aprobado un «impuesto solar» de setenta centavos por kilovatio, es decir, unos cinco dólares mensuales a aquellos hogares conectados a la red que generan excedentes de energía solar. Inclusive Hawái, el estado americano con mayor producción de energía solar fotovoltaica, enfrenta pequeñas trabas para continuar por este camino: cada usuario que desea integrar la producción fotovoltaica a su hogar, debe contar con el permiso previo de la empresa eléctrica correspondiente, puesto que hay un exceso de producción de energía eléctrica y puede resultar hasta peligroso continuar instalando de forma imprudente más celdas fotovoltaicas.

 El panorama, como podemos ver, es confuso. En España la legislación no pasó de ser un proyecto, pero si uno muy polémico y que como podemos ver, refleja una discusión que se está viviendo a escala global. Las ganancias, la ecología, la infraestructura… todo parece estar bajo la lupa en esta espiral de medidas y contra medidas que giran en torno a la eficiencia energética pero cuyas implicaciones son mucho más complejas.