La racionalización del uso de la energía en España

La racionalización del uso de la energía es uno de los principales retos que se deben asumir en España. Permitirá un aumento de la competitividad ya que representa una gran parte de los costes de mantenimiento de un edificio, aspecto éste junto con que el incremento de los precios de la electricidad esté asegurado de forma indefinida hacen de lastre para la economía del individuo.

El análisis de las certificaciones energéticas realizadas en España hasta el momento indica que el 95% de la edificación existente necesita inversiones para mejorar su comportamiento energético.

Esto supone una excelente oportunidad de negocio en este país que podría proporcionar un notable crecimiento de la oferta de empleo a la vez que reduciría la dependencia energética a la que España se ve sometida. Lógicamente el sector de la construcción de este país sufriría el necesitado impulso que ansía desde el comienzo de la crisis económica.

A partir de la Ley 8/2013, de 26 de junio, la certificación energética formará parte del Informe de Evaluación del Edificio (IEE), el incumplimiento de su articulado constituirá infracción urbanística y el falseamiento de sus datos supondrá sanciones.

Todo esto, ha provocado que se empiece a apostar por la calificación energética como un elemento que aporta valor añadido e innovación tecnológica revalorizando el precio de la vivienda o edificio. El consumidor exigirá poco a poco una mejor calificación energética a la hora de adquirir una vivienda puesto que eso le garantizará en el futuro unos costes menores en concepto de electricidad o una mayor facilidad para la venta de su vivienda si lo deseara entre otros aspectos positivos.

En este sentido, como en tantos otros, en el resto de Europa tienen una posición más avanzada desde el punto de vista medioambiental. Una muestra son las nuevas Directivas que imponen como objetivo europeo reducir un 20% el consumo de energía en 2020 supondría multiplicar por tres la facturación y el valor añadido del sector de los servicios energéticos en España y 500.000 nuevos puestos de trabajo. Además, para conseguir estos objetivos España puede obtener hasta 4.000 M€ de ayudas europeas hasta 2020.

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