Certificado de eficiencia energética: Más que una obligación

El enfoque que en nuestro país se está dando a una normativa derivada nada menos que del Protocolo de Kioto no deja de ser anecdótico, en comparación con el resto de los países europeos.

Puedo decir que el grado de cumplimiento de las leyes y normativas siempre ha sido función de su rentabilidad, y en este momento el cumplimiento del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril no es rentable. Pocas administraciones imponen el régimen de sancionador, pero lo que es más increíble, ni el comprador, ni el arrendatario de una vivienda exige su derecho a disponer de esta información.

Se ha informado poco y mal sobre esta normativa, y no debemos eludir nuestra responsabilidad al respecto. No es más importante informar de la obligatoriedad de los vendedores y arrendadores de viviendas, que informar a los compradores y arrendatarios de viviendas de que es imprescindible para su ahorro familiar conocer y seleccionar viviendas con una buena calificación energética.

Nadie se plantea a estas alturas por qué un electrodoméstico con clasificación energética A es más caro que otro con calificación B. Es más, prácticamente nadie se atrevería ni siquiera a comprar un electrodoméstico con clasificación C, si es que existe en el mercado actual, porque naturalmente nos generaría un consumo muy alto para nuestro maltrecho bolsillo.

Y sin embargo, ni el comprador ni el arrendatario de una vivienda se ha preocupado hasta ahora por preguntarse cuál es la calificación de posiblemente el mayor desembolso de toda su vida, y del que va a disfrutar o padecer durante mucho tiempo. No es necesario decir, que de la eficiencia energética de una vivienda dependerá fundamentalmente la factura de electricidad y gas, y no de si mi frigorífico tiene calificación B o A++. Tampoco es necesario decir que el coste de la energía  en contra de la lógica sigue su desatada escalada ascendente, y que cada año que pasa se hace más relevante para nuestra economía doméstica.

Sería muy importante difundir la simple idea de que una vivienda con una mejora en la calificación de tan solo dos grados, podría generar un ahorro suficiente como para comprar un nuevo frigorífico al año.