Sin orden, sin concierto, sin información

Se cumplen cuatro meses de la entrada en vigor del Real Decreto para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, y el panorama continúa siendo caótico en lo que respecta a la información de los consumidores, la supervisión de la administración y la falta de profesionalidad que surge cuando estalla una guerra de precios.

Desde que se implanta la obligatoriedad del certificado energético, el Gobierno no ha realizado ni la más mínima campaña publicitaria para informar a los ciudadanos; han sido los profesionales (ingenieros, arquitectos y aparejadores) los que han tenido que encargarse de realizar esta tarea de comunicación a través de los medios y las inmobiliarias. Al no existir una “información oficial”, los propietarios de pisos han pensado que estamos ante otro “saca-dinero” por parte de las inmobiliarias, o ante un nuevo impuesto inventado por Rajoy, cuando en realidad es una normativa europea que ha llegado a España con siete años de retraso, es decir, que llega tarde y mal, y que el Gobierno ha implantado finalmente bajo la amenaza de una multa millonaria por parte de la Unión Europea.

Esta desinformación provoca que en un país con 3,4 millones de viviendas vacías, (según datos del Instituto Nacional de Estadística), el número de certificaciones no llegue aún a las 200.000 (según los registros de las comunidades). El porcentaje es bastante pequeño teniendo en cuenta que es una norma obligatoria y que lleva aparejada una serie de sanciones (se publicaron en el BOE el 27 de junio, y van desde los 300 a los 6.000 euros); pero tampoco los propietarios parecen haberse enterado de la multa que les puede caer si no certifican su inmueble. Se supone que la gente empezará a moverse cuando le vea las orejas al lobo, pero la pregunta es: ¿cuándo enseñará el lobo sus orejas?, o dicho de otra forma: ¿cuándo va actuar el Gobierno para que se aplique la ley, imponiendo las primeras sanciones?

Cuatro meses ya, y no existe ningún control para el cumplimiento de la normativa; tampoco existe la inspección para los certificados que se están realizando, y seguramente muchos de ellos no resistirían el más pequeño de los análisis. Echando un vistazo a la batalla de precios que existe en Internet, se encuentran cosas tan asombrosas como una web de subastas en la que el técnico que de el precio más barato se lleva al cliente, o incluso una empresa que realiza certificados por 40 euros (+IVA) sin visitar la vivienda, tan sólo pidiendo una serie de datos por email. La feroz competencia y la falta de ética de algunos profesionales contribuyen a que estemos contemplando el bochornoso espectáculo de una “ley sin ley”.

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