Devaluación del certificado energético: Guerra de precios
Una familia española gasta de media 990 euros al año en energía. Un coste que varía según la orientación y aislamiento térmico del piso. De ahí, que sea tan importante el Real Decreto de certificación energética que entro en vigor el pasado 1 de Junio. Pero ha pasado algo más de dos meses y cosecha incumplimiento, fraude, e incluso denuncias.
Profesionales cualificados quieren advertir a la gente para que no caiga en este tipo de ofertas de: “usted nos da lo datos por correo electrónico o por teléfono y nosotros le hacemos el certificado sin necesidad de desplazarnos”. Esa no es forma de hacer las cosas, el técnico tiene que ver la vivienda, tiene que tomar sus datos y hacer las cosas correctamente, estas ofertas de hágaselo usted mismo y yo le firmo y le cobro una ridiculez son trampas. El consumidor decide a quien contrata pero aun sabiendo que la fijación de tarifas para la elaboración de certificados es libre habría que aplicar la lógica, porque si alguien va a contratar a un ingeniero o un arquitecto, que piense si por esas cantidades que se están ofertando en la actualidad un profesional va a ir a su casa y dedicar unas horas para hacer un buen trabajo.
Esta práctica que ofrecen algunas empresas (certificados por 60 euros, ahorra un 50%: certificados a 80 euros, certificados 2x1, etc) es un fraude (es obligatorio ir hacer una inspección visual) y perjudica al propietario ya que podrá obtener una etiqueta energética que no se corresponda con la eficiencia real de su inmueble y podría ser sancionado.
En términos generales una alta competencia provoca la bajada de precios y es beneficiosa para los consumidores. Sin embargo, en el caso de las certificaciones de eficiencia energética, la preocupación de los profesionales por la situación del mercado se debe a que muchas ofertas se basan en prácticas irregulares o de ética muy dudosa.
Como conclusión existe el riesgo de que el certificado energético se convierta en una tasa innecesaria e inútil. Por ello y dado que el objetivo es la mejora en aislamiento e instalaciones del edificio con el fin de ahorrar energía, el control de las malas prácticas deberá ser riguroso para beneficio de todos.